«Cuando un periodista busca dar una mirada real de lo que sucede en la zona, queda en la mira de algún francotirador de un empresario».

Entrevista al Lonko Alberto Curamil.

Por José Robredo Hormazábal.

El líder mapuche explica a Mediapinta que el Estado chileno actúa como un operador de los intereses terratenientes y económicos que se encuentran en territorio mapuche. “Hoy tenemos un modelo donde el Estado hace el trabajo para las empresas, no obedece al pueblo, lo que es un tema muy fuerte”, sostiene la autoridad indígena. Y agrega: “los gobiernos de turno tienen poca voluntad, son fascistas y anti mapuche”.

 

El Lonko del Lof Radalko, Alberto Curamil, se ha destacado por su permanente acción y defensa de las comunidades mapuche, la recuperación de los territorios y el cuidado del medioambiente. Por eso, en abril de 2019 recibió el premio Goldman, mientras, paradojalmente, estaba en prisión preventiva por ser parte de la Acción Territorial Mapuche. Una privación de libertad que se extendió por 16 meses.

Mediapinta se contactó con Curamil días después del ataque con armas de fuego contra un equipo de prensa de TVN, que terminó con la pérdida de un ojo de un camarógrafo del canal público y otro herido. Este hecho graficó la tensión que se vive en la zona, donde la acción del Estado y del gobierno solo la ha intensificado. Desde enero, hemos conocido el masivo allanamiento de comunidades por parte de la PDI, la convocatoria de Cristián Barra como delegado presidencial, el aumento de la dotación de contingente policial de élite, y los llamados a la intervención militar. Todos antecedentes que el Lonko cree que responden a un supuesto: “El Estado y los empresarios ven como una amenaza la forma en la que nos organizamos”. 

¿Se está descartando el camino de la política en el conflicto que existe en el WallMapu? 

Hoy, con las comunidades, estamos movilizados en diferentes territorios. Pasa por las demandas de restitución de nuestros territorios. Vemos la poca voluntad que tienen los gobiernos de turno, que son fascistas y anti mapuche. No quieren escuchar ni responder las demandas que se levantan en diferentes comunidades y territorios. La respuesta que ellos dan es la militarización de la zona, promover el estado de excepción -impulsado por los grupos de Apra y las forestales-, y eso aumenta la tensión en todos los espacios que están recuperando los hermanos.

¿A qué atribuye que la acción de los gobiernos sea militarizar y no acceder al diálogo? 

Las demandas del pueblo mapuche tienen mucho tiempo. Es un conflicto que tiene más de 500 años. Con el Estado de Chile, casi 200 años, y hace 140 que instalaron sus fuertes de manera forzada, asesinando, quemando los bienes de nuestros antepasados. Frente a eso, cuando manejamos cierto conocimiento ancestral o de tecnología, o aprendemos a relacionarnos con los actores políticos del Estado, se hace ver nuestra demanda real, y que les queda grande a los gobiernos de turno: la usurpación del Wallmapu. Ellos se han refugiado en las armas, en sus ejércitos y sus fuerzas represivas. A través de sus medios de comunicación terminaron denominando esto como el “conflicto mapuche”, pero no dicen que la causa de esto es la usurpación del Estado chileno en el Wallmapu. Es un conflicto que no han querido resolver. 

¿El actuar del Estado tiene vinculación con la actividad económica de la zona, particularmente de la industria forestal?

Evidentemente. Hoy tenemos un modelo donde el Estado hace el trabajo para las empresas, no obedece al pueblo, lo que es un tema muy fuerte. En Panguipulli, las comunidades están haciendo defensa de su territorio enfrentándose a personajes como los Matte, que tienen poder en diferentes países de Latinoamérica. En Lonquimay, contra la familia Luksic, que tiene inversiones y proyectos mineros en esa zona. A pesar de esto, no dejamos la reconstrucción de cada Lof, o comunidad, que es cada espacio donde habitan los mapuche. 

Ese es un punto importante. ¿Cómo se está desarrollando este proceso de articulación entre las comunidades? 

Se están comenzando a reconocer a los Lonkos, Werkenes. Estamos teniendo coordinaciones con diferentes sectores del Wallmapu, lo que nos permite generar alianzas para fortalecer la demanda de la restitución territorial. 

¿Ahí ve una amenaza el Estado chileno, a su parecer?

Más allá de un riesgo, el Estado y los empresarios ven como una amenaza la forma en la que nos organizamos. Por lo mismo, muchos parlamentarios corruptos que andan por ahí, van creando leyes que solo buscan amedrentar y encarcelar a nuestros hermanos para detener nuestra organización en el Wallmapu. 

Usted pasó por eso, estuvo casi un año y medio preso.

Fueron 1 año 4 meses que estuve preso con una acusación falsa, lo mismo que pasa con todos los hermanos que se movilizan. Lo mismo que pasa con los hermanos de la revuelta que están presos en distintas cárceles chilenas. 

Los hechos de violencia que se han producido en la zona han extremado la tensión. ¿Cree que es un momento límite? 

Es preocupante. Cuando hablamos de hechos de violencia, estos no son generados por las comunidades mapuche. La violencia la ejerce el Estado de manera sistemática dentro de los territorios. Que estén las empresas forestales con guardias armados, que existan los condominios con sicarios que, por ejemplo, asesinaron a la compañera Emilia Herrera. Esos son hechos de violencia que los medios de comunicación no informan. Pero cuando pasan sucesos como los vividos por los amigos periodistas, es fácil decir que vienen de parte de los mapuche. 

¿Quiénes crees que están detrás de estos hechos?

Existen grupos paramilitares, funcionarios del Ejército, o alguna rama institucional del Estado, que actúan en el territorio y que generan una campaña de terror en las comunidades donde operan. Esto lo hemos denunciado, porque es una cadena de coordinación que están desarrollando con pequeños particulares en contra de las demandas que hacen las comunidades mapuches en la zona. 

Eso se vincula con la denuncia hecha hace unas semanas por un ex carabinero, que es dueño de terreno forestal, quien hablaba de amenazas.

Por supuesto. Acá hay amenazas directas de funcionarios activos y ex carabineros, de terratenientes de tierras usurpadas. Ellos tienen formas muy particulares de convocarse, y eso es a través de las armas, cosa que rechazamos terminantemente. Nosotros luchamos por la vida. 

Si los terratenientes están con sicarios, y el gobierno apela a militarizar, la zona se convierte en un polvorín. ¿Cuál es la fórmula para revertirlo? 

El enemigo al que nos enfrentamos tiene mucho poder, eso lo tenemos claro desde que iniciamos los procesos de lucha. Están los medios de comunicación, que trabajan para militarizar y se prestan para los empresarios y los políticos corruptos que gobiernan. Están las mismas instituciones que no hacen la pega. Por lo mismo, cuando un periodista busca dar una mirada real de lo que sucede en la zona, queda en la mira de algún francotirador de un empresario. Hemos tenido la experiencia de abogados que han sido perseguidos, lo mismo con el INDH. Son sistemáticas las amenazas a quienes defienden la causa mapuche. No tienen límite en el uso de su poder, dentro de nuestro territorio, para explotar nuestras tierras.

¿Tienen esperanzas en el proceso constituyente como un primer paso para la solución? 

Todos estos procesos electorales simplemente dilatan o desvían los temas y los objetivos de nuestra demanda. Estamos en un proceso de reconstrucción de cada Lof que se encuentre activo, por lo que una de las demandas en el mediano plazo es el reconocimiento, que debe ser el primer tema a conversar para ir resolviendo los conflictos que existen en el Wallmapu, los cuales son provocados por el Estado.